El Tribunal Supremo anula el bono social y posibilita la indemnización a las eléctricas.

Bueno, pues visto como se está poniendo el sector nos estamos planteando seriamente poner una categoría dentro de este blog que se llame algo así como “Juzgados” o “Juicios y Sentencias” para poder abordar todo lo que se avecina en este ámbito.

Antes de pasar a analizar la sentencia del Tribunal Supremo voy a hacer una breve introducción al “Bono Social”, qué es:

El bono social es una Tarifa de último recurso para consumidores vulnerables. Las tarifas de último recurso para consumidores vulnerables se aplicarán a aquellos consumidores que tengan la condición de vulnerables: las viviendas con menos recursos, las familias numerosas y otros colectivos. Aplicando un descuento del 25% sobre la tarifa.

¿Quién puede pedirlo?

Según la disposición transitoria décima de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, tienen derecho al bono social los suministros de los consumidores que, siendo personas físicas en su vivienda habitual, cumplan alguno de los requisitos siguientes:

  • Tener una potencia contratada inferior a 3 kW en su vivienda habitual.
  • Tener 60 o más años de edad y ser pensionista del Sistema de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente y viudedad, percibiendo por ello la cuantía mínima vigente en cada momento para dichas clases de pensión con respecto a los titulares con cónyuge a cargo o a los titulares sin cónyuge que viven en una unidad económica unipersonal.
  • Tener 60 o más años de edad y ser beneficiario de pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez y de pensiones no contributivas de jubilación e invalidez.
  • Ser familia numerosa.
  • Formar parte de una unidad familiar que tenga todos sus miembros en situación de desempleo.

Desde el 2009 (año de su creación) hasta el 2013 eran las generadoras principales de electricidad en España las que asumían este coste, es decir, Endesa, Iberdrola y Gas Natural, en 2013 el mismo Tribunal Supremo tumbó esta forma de repartir responsabilidades siendo el gobierno del PP el que cargó este coste creado en estos años de aproximadamente 500 millones de euros al conjunto de los consumidores.

A partir del 2014 no serían los tres gigantes los únicos encargados de asumir el coste del Bono Social sino que serían todas las empresas verticalmente integradas en el sector (las que generan, distribuyen y comercializan).

Esta nueva sentencia también anula esta forma de distribuir el coste ya que vulnera el principio de proporcionalidad, haciendo recaer sobre las 4 empresas más importantes el 96% del coste, siendo el otro 4% asumido por las 23 empresas restantes.

En definitiva, las eléctricas solicitan que el coste del Bono Social sea sufragado por los Presupuestos Generales del Estado o por el conjunto de los consumidores del sistema eléctrico.

Hay una tercera vía para el pago del Bono Social de este periodo (2014-2016), al cual se podría acoger el Ministerio de Industria, y sería con el superavit logrado en el sector sobre los costes del sistema, que ascienden a 1000 millones de €.

Estaremos atentos a como evoluciona el tema.

Gracias por su atención.